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31 de Marzo de 2016

El fracaso de las Sociedades
Anónimas Deportivas en España


Por: Álvaro Delgado Truyols

En estos últimos meses ha sido noticia que la Comisión Europea ha abierto
expediente a siete clubes españoles de fútbol (entre ellos el Real Madrid y
el Fútbol Club Barcelona) por presunta infracción de las reglas comunitarias
reguladoras de la libre competencia. La Comisión acusa, especialmente a las
entidades que no adoptaron en su día la forma de Sociedad Anónima Deportiva
y se mantuvieron como Clubes Deportivos de base asociativa, de recibir ayudas
públicas de varios tipos que podrían haber vulnerado las reglas del mercado
comunitario. Mientras tanto en nuestro país, en la típica reacción visceral que
suele caracterizar a los europeos del sur, el Gobierno ha interpretado la
actuación de las autoridades europeas como un ataque a la “Marca España”
y la opinión pública se ha puesto, mayoritariamente, del lado de los Clubes
afectados. Esta cuestión ya ha sido tratada en diversos artículos y blogs,
entre ellos en el del profesor Luis Cazorla (“Sociedades Anónimas Deportivas
y Ayudas de Estado”) y en Nada es Gratis por Gerard Llobet (“Clubs de fútbol
en fuera de juego”). Por ello no voy a profundizar en ella, aunque quiero que
me sirva de pretexto para analizar lo que considero un clamoroso fracaso, en
todos sus órdenes, de la normativa española de Sociedades Anónimas Deportivas.

Todo empezó con la Ley del Deporte de 1990, que creó la figura de las SAD
como variante de las sociedades anónimas típicas del Derecho mercantil. Bajo
el loable propósito de dotar de un mayor control y transparencia a las estructuras
del fútbol profesional, la Ley establecía una especie de castigo o sanción a los
Clubes “endeudados”, obligándoles a adoptar la forma jurídica de SAD, que
teóricamente garantizaba un mejor y más claro funcionamiento futuro, mientras
permitía que las entidades “saneadas” pudieran seguir compitiendo bajo la
forma jurídica asociativa de los Clubes Deportivos. En pura teoría, la
reforma se basaba en un planteamiento irreprochable. Pero en España, como
casi siempre, al legislador le preocupa mucho más crear y vender una apariencia
de legalidad que conseguir la legalidad en sí misma. O sea que, en definitiva, la
Ley tenía truco. El desarrollo posterior de los acontecimientos ha demostrado
claramente que la voluntad política real era crear un marco jurídico aparentemente
impecable que escondía una intención no manifestada: que determinados Clubes
muy poderosos e influyentes, por todos conocidos, no tuvieren que convertirse
nunca en SAD. Lo más curioso del asunto es que –cosas de la vida política- el
Ministro que alumbró esa tramposa Ley del Deporte es ahora uno de los beligerantes
Comisarios europeos que habla de las “dudas razonables” sobre las ayudas públicas
españolas prohibidas a los Clubes exceptuados de la conversión en SAD….

Lo que ha sucedido después la mayoría de ustedes lo conoce: los Clubes que se
convirtieron en SAD están casi todos en la ruina, demostrando la escasa utilidad
de una norma perversa aparentemente trufada de buenas intenciones. Y los que no
lo hicieron no están en mejor situación, o si lo están, es porque un vergonzoso
reparto de los derechos televisivos y una larga serie de recalificaciones, subvenciones,
ayudas públicas, aplazamientos tributarios y laborales y otras prebendas inalcanzables
para las empresas normales y corrientes, todas ellas fundamentadas enel enorme
poder social y mediático –y por lo tanto político- de algunos Clubes españoles, han
contribuido de forma notable a que, con el dinero de todos, mantengamos vivo el
espectáculo.

Pero el fracaso de las SAD españolas va más allá de su origen, y tiene, en mi opinión,
una doble vertiente:

– Por un lado existe el fracaso económico, que es el que con más profusión se ha
tratado en los medios de comunicación. La Comisión Europea, con la loable
intención de reprimir el descontrol en las cuentas de los equipos españoles pero
con poco tino, ha creído que los que mantienen la forma jurídica de Clubes
Deportivos tienen un régimen económico y tributario más beneficioso que las SAD,
generando una desventaja para éstas en términos competitivos. Sin embargo, como
nos ha explicado muy bien en su blog el Profesor Cazorla (“El aumento de capital del
Bayern de Múnich”, o “El interés de fondos de inversión en clubes de fútbol: KKR y
Hertha de Berlín”), la forma de SAD permite acudir a sistemas de financiación y
obtención de recursos (multinacionales o fondos de inversión que participan en el
capital) que en el caso de los Clubes con formas de asociación no es posible. Aun
así, el fracaso de la normativa española no debe reducirse sólo a la distinción entre
SAD y Clubes Deportivos, examinando su distinta situación y régimen jurídico y
económico. También dentro las entidades que se convirtieron en SAD encontramos
problemas importantes causados por las disfunciones que crea la aplicación de la
propia Ley. Ya sabemos que en España las autoridades son maestras en hacer
la vista gorda con algunos preceptos legales y en aplicar a rajatabla otros, según
quien sea el destinatario de los mismos. El caso paradigmático de ello es la
situación del modesto Eibar, uno de los líderes de la actual Segunda División
del fútbol español. El Eibar es una SAD saneada, sin deudas, que lleva muchos
años sin gastar más de lo que ingresa y cumpliendo puntualmente todas sus
obligaciones de pago. Hasta el Presidente de la Liga de Fútbol Profesional, Javier
Tebas, ha alabado públicamente el “modelo Eibar” como espejo en el que debe
mirarse la gestión de los demás equipos. Pues bien, la aplicación a rajatabla
del artículo 3 del Real Decreto 1.251/1999, que regula el capital mínimo que deben
tener las SAD, estableciendo un baremo entre los gastos de todos los equipos
de la misma competición, le obliga a ampliar inmediatamente su capital social,
que es actualmente de 440.000 euros, multiplicándolo por cinco, cosa poco viable
en la ejemplar y trabajadora villa de menos de 30.000 habitantes. Y no hacerlo
puede suponer la descalificación de una entidad modélica que, simplemente,
maneja sus cuentas bien. Paradójicamente pues, decenas de equipos que pierden
dinero sistemáticamente parece que no pueden desaparecer bajo ningún concepto
por el daño social que, supuestamente, ello generaría a sus aficionados, mientras
que otro excelentemente gestionado está a punto de ser descalificado de la
competición por no encajar en los parámetros de capital social inventados por un
poco afortunado Real Decreto.

– Ello nos lleva al segundo gran fracaso de las SAD, que es el fracaso social. Es
absolutamente cierto que los equipos representan a una importante masa social, y
que la gran mayoría de ellos canaliza los sentimientos de una enorme afición, e
incluso de buena parte de una ciudad, una provincia, o una gran comunidad de
personas. Y en un análisis riguroso ello no puede desconocerse ni despreciarse. La
“marca” de los equipos de fútbol con importante arraigo social sigue siendo muy
valiosa aunque la entidad esté en quiebra. No todo es mercantil en el deporte
profesional, ni siquiera en el fútbol de élite, y ahí está, seguramente, el secreto
de su éxito. Cuando cines, teatros y demás espectáculos han visto despoblados
sus asientos por la crisis económica, los estadios españoles han mantenido un
más que respetable aforo de público. Asumida esta situación, guste más o
guste menos, hay que reconocer que la obligatoriedad de convertirse en SAD,
impuesta por la Ley, ha facilitado el lamentable hecho de que se apropien del
enorme legado histórico y social de muchas instituciones deportivas casi
centenarias personajes poco ejemplares o directamente indeseables, que
incluso han hecho dejación de sus responsabilidades sin que nada puedan hacer
las autoridades para desalojarlos de su posición. Propietarios mayoritarios
condenados por diferentes delitos, gestores y directivos a cual más estrambótico,
derrochadores o especuladores de la peor calaña, e incluso exóticos dueños en
paradero desconocido (caso del histórico Rácing de Santander) están a la orden
del día. Y ahí la normativa de las SAD constituye un obstáculo irrefrenable para
que las cosas vuelvan a su cauce, ya que, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 33 de nuestra Constitución, nadie puede ser privado de sus bienes ni
obligado a venderlos contra su voluntad, si no es por resolución judicial. Hay
que reconocer que en estos casos, lamentablemente cada vez más numerosos,
la masa social de los Clubes de forma asociativa, en los que no existen
acciones susceptibles de propiedad privada, solucionaría estos temas por la
vía rápida, poniendo a semejantes impresentables directamente de patitas en
la calle.

En definitiva, las SAD han fracasado rotundamente en España como instrumento de
control de una buena gestión deportiva y también social, y no por la forma elegida,
común y habitual en la mayoría de los países de nuestro entorno, sino por la
connivencia, diferencia de trato y “manga ancha” de las autoridades españolas (¿les
suena de algo?) con las instituciones deportivas más poderosas e influyentes.

La solución vendrá dada, como ya dijo en su blog Luis Cazorla (“Fútbol: pan y circo”),
porun pleno y real sometimiento de todos los Clubes a la legislación mercantil,
con excepciones que se justifiquen exclusivamente en las especialidades de la
competición (por ejemplo, en materia de ejercicio social o en el ámbito concursal),
pero no en el “valor social” o en la “influencia política” del fenómeno fútbol.


Fuente: ¿Hay Derecho? / Revista Mundo Amateur

 

 

 

 

 
 
 

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