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01 de Abril de 2013

DERECHO LABORAL. RELACION LABORAL ENTRE UN ARBITRO
(JUEZ DE LINEA) Y LA ASOCIACION DEL FUTBOL ARGENTINO.
NULIDAD DE RENUNCIA ANTE EL SECLO. INTERPRETACION
DEL SILENCIO. IRRENUNCIABILIDAD DE DERECHOS DEL
TRABAJADOR

 

Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, Sala III: “Romano, Daniel Edgardo c/ Asociación
del Fútbol Argentino s/ despido”.

Buenos Aires, octubre 31 de 2011.

La Doctora Cañal dijo:

Contra la sentencia de primera instancia, se alzan ambas partes mediante los memoriales de fs.
675/677 y fs. 678/689, con réplica a fs. 694/699. El perito contador, a fs. 669, apela sus honorarios
por reducidos.

El actor, se queja por la aplicación del tope, según CCT 126/75.

La demandada, por su parte, se agravia porque la juez de grado no trató la defensa opuesta en el
responde, porque considera que existió un contrato de trabajo, porque se hace lugar a las multas de
la ley 24013 y a la indemnización del artículo 2 de la ley 25323. Pretende que, cuando se descuente
la suma percibida ante el Seclo, se apliquen intereses. También se agravia porque se la condena a
entregar los certificados de trabajo, por la imposición de costas y por la regulación de honorarios, por
elevada.

Para un mejor orden lógico, analizaré en primer lugar la queja deducida por la demandada.

El actor, sostiene en la demanda que ingresó a trabajar a las órdenes de la demandada, el 17 de
diciembre de 1986, y que llegó a desempeñarse como árbitro de la categoría IV, en calidad de juez de
línea en el campeonato Nacional B. En junio de 2003, la empleadora le impuso para continuar
trabajando, la firma de un acuerdo celebrado ante el Seclo, por el cual se pretendía que era
despedido y renunciaba a la condición de dependiente, para seguir desarrollando las mismas tareas,
pero vinculado por la firma de sucesivos contratos de locaciones de servicios arbitrales.

La demandada, reconoce la fecha de ingreso del accionante, que trabajó bajo dependencia y que
luego fue contratado mediante un contrato de locación de servicios arbitral hasta octubre de 2008.
Aclara que a instancias de los dos sindicatos que rigen la actividad arbitral, el Ministerio de Trabajo
homologó la inclusión de una cláusula, en ambos convenios colectivos de trabajo, por la cual se
autorizó a la A.F.A. a la contratación de árbitros, mediante convenios de servicios arbitrales sin
relación de dependencia laboral (fs. 141).

Corresponde analizar si el actor, a partir de 2004, prestó, como lo invoca, una relación de tipo
subordinada para la demandada, o si por el contrario, se trató de una locación de servicios arbitrales.
De la prueba testimonial, surge: "que la Asociación Argentina de Arbitros les dijo que les convenían
los contratos que les ofrecía, porque iban a tener un mayor salario y avanzar un poco más en la
carrera, las obligaciones eran las mismas, asistir a las clases de educación física, con firma de
presentismo, clases teóricas y prácticas, asistir a los controles médicos y a los partidos, que si no
asistían no dirigían, que Horacio Elizondo les dijo que el que no aceptaba quedaba fuera del sistema,
que aceptaron el cambio para conservar la fuente de trabajo, que con el cambio de la relación laboral,
les aumentaron las obligaciones, que concurrían a entrenar tres veces por semana (ver declaraciones
de Gómez, fs. 229/233; de Sugliani, fs. 234/237 y de Argañaraz, fs. 238/240).

Del análisis de la prueba testimonial, surge claramente que el actor, pese a la firma de los contratos
de locaciones arbitrales, continuó bajo dependencia de la demandada, en los términos del artículo 21
de la LCT.

En efecto, de los dichos analizados, vemos cómo se confirman varios de los asertos del inicio. Así,
encontramos a Romano, trabajando sin solución de continuidad entre la notificación del preaviso, y la
celebración de la primera locación de servicios, sin que nada variara. A su vez, también se prueba
que tampoco nada cambió desde el comienzo del vínculo hasta el final, a pesar de que se fuese
tornasolando su naturaleza.

Se acredita, claramente, la sujeción a un esquema ajeno, que tenía una serie de exigencias en
materia de prácticas, instrucción, exámenes, presencia y demás, que no podía ser desestimado por el
árbitro, que de otro modo perdía la posibilidad de ser designado. En su momento, como juez de primera instancia, al resolver la causa Garnica (expediente Nº 24.153/1999, "Garnica, Jorge Omar y otros
c/ Asociación del Futból Argentino s/ despido", S. D. 1.629 del 18.4.02), al decidir la cuestión
de un referí de ligas del interior, observando para entonces la doble fuente laborativa: la de
los que se encontraban bajo relación de dependencia en el plantel permanente de la AFA, y la
de los que estaban fuera del mismo, advertí que la primera categoría tendía a extinguirse.

Me pregunté entonces, si "era razonable suponer que, si debidamente convocado un árbitro de una
liga del interior para dirigir un partido no se presenta y luego no se lo selecciona más, esto no oficiaría
como una sanción, de lo que se deduce que la convocatoria no sería realmente dispensable", para
afirmar más tarde que "encuentro que ciertamente se trata de una actividad sui generis, puesto que
como el propio reglamento lo establece, la función de referí no puede ser otorgada a quien no tenga
otro medio lícito de vida (art.225 del reglamento) Y ello es lógico, puesto que un árbitro no puede
tener asegurado que todos los fines de semana va a dirigir un partido, dado que ello depende de
múltiples factores, no siempre de orden personal (como viéramos, notas alcanzadas en los
exámenes, informes de los veedores y, lo que es evidente para todo aquél que ha visto partidos de
fútbol: de la suerte, que le puede deparar un "mal fin de semana" al mejor árbitro). … Pero, una cosa
es no tener la certeza de cuándo se va a dirigir, otra diferente es admitir que nunca sea elegido"
"Esto es inaceptable porque la propia AFA se encarga, a través de toda la red de preparación física,
psíquica y técnica, de los respectivos informes, actualizaciones y seguimientos, de que "sus" árbitros
se encuentren en debida forma física y técnica para poder dirigir. Luego, carece de toda lógica que
una organización que tanto gasta en la preparación de los árbitros, lo haga para que nunca tengan la
posibilidad de dirigir un partido".

"Todo lo que se ha reseñado es abrumador en la demostración de que la AFA ha escogido una
estrategia que le permite disponer de un plantel de profesionales altamente idóneo y numeroso, pero
haciéndose cargo solo de una parte del mismo. La otra pasa a través de las ligas del interior. … No
deja de ser esta una tercerización, una estrategia empresaria que puede rendir sus frutos y que no lo
es menos porque se trate de una asociación sin fines de lucro, lo que no impide que detrás de ella se
muevan numerosos intereses que entran en colisión con la normativa laboral".

En particular, y premonitoriamente reitero que sostuve, al denunciar la estrategia con las ligas del
interior, que ello guardaba "consonancia con lo establecido en el artículo 219 in fine del reglamento.
Del mismo surge la clara existencia de un plantel dependiente de árbitros, y se infiere la intención de
prescindir del mismo cuando reza que "las vacantes que se produzcan no serán llenadas".

Obviamente, los árbitros provendrían de otras fuentes, entre ellas, las ligas del interior, buscándose
eliminar todo conflicto y gasto generado por una relación subordinada".

En efecto, ya no solo se trata de referís provenientes de las ligas del interior, sino también de las
contrataciones directas realizadas por la AFA, que fueron desleídas al correr el tiempo, pasando de la
dependencia plena, hacia el contrato a plazo que se iba reiterando y que, como bien dice el actor,
tornaban operativo al artículo 96 de la LCT, hasta llegar a la locación de servicios arbitrales.

Nos encontramos en este punto, con que los nuevos árbitros resultan directamente contratados bajo
la nueva figura y con la supuesta paradoja de que, tanto ellos, cuanto los que desde la dependencia
se avenían a este sistema, terminaban ganando más que quienes permanecían en la dependencia.

No se explicaba entonces, la situación de quienes resultaban contumaces y se mantenían en ella.
Mas si observamos que casi el 100% del plantel aceptó la propuesta, y que es inexacto que pasaran
a ganar más, entenderemos que no fue una genuina propuesta para continuar trabajando de manera
más provechosa, sino de una imposición, velada de beneficio, cuando no era así.

Asimismo, se sostuvo que "de acuerdo con las características de sus necesidades, la solución en
cada caso está condicionada por la naturaleza de la vinculación de las partes y requiere, en
consecuencia, el examen de la legislación que rige a la empleadora. Y el hecho de que el trabajador,
mediante la firma de los contratos suscriptos haya consentido, prima facie cierta inestabilidad laboral
contraria de la que gozaba el árbitro en relación de dependencia, no es motivo para negarle toda
protección de su estabilidad, especialmente cuando ambas categorías, aún convencionales,
realizaban idénticas tareas. ...Coincido...que entre las partes existió una relación de trabajo y el hecho
de que una de ellas lo califique de "no dependiente", valiéndose como en este caso de una previsión
de la autonomía colectiva, no tiene andamiaje jurídico frente a lo normado por el art. 21 L.C.T.."
(CNAT, Sala VIII, 31/10/05, S.D. 32850, "Zanella Kholli, Tito c/ Asoc. del Fútbol Argentino s/despido").
En virtud de todo lo referido, no puedo compartir que el actor haya obrado en ejercicio de su
autonomía, al suscribir el nuevo contrato.

He dicho reiteradamente que para el derecho del trabajo, aún cuando libremente el dependiente haya
querido acordar una cláusula, la misma carecerá de efectos cuando "suprima o reduzca los derechos
previstos en la LCT, los estatutos profesionales o las convenciones colectivas, ya sea al tiempo de su
celebración o de su ejecución, o del ejercicio de derechos provenientes de su extinción" (art.12 LCT).
Es que cuando "negocia" las condiciones de su contrato, así como las modificaciones del mismo y
hasta su finalización, el trabajador solo "adhiere" a los términos impuestos por el empleador.

Ahora bien, ¿cuáles derechos resultan irrenunciables? Hasta "Bariain" (CNAT, Sala VI, 14 de mayo
de 1985, in re "Bariain, Narciso Teodoro c/ Mercedes Benz Argentina S.A.s/ despido") aparecía como
la interpretación mayoritaria del artículo 12 la que lo entendía relativo a cierto tipo de cláusulas y de
determinada fuente. Por lo tanto, solo eran irrenunciables los mínimos derivados de la ley los
estatutos y las convenciones colectivas (Etala, Carlos Alberto. "El orden público laboral, la revisión del
contrato y el vicio de lesión". LT, XXXIII, pág.561).

Esta cuestión ha sido zanjada con la reforma del artículo 12 de la LCT, que dispone. "Será nula y sin
valor toda convención de partes que suprima o reduzca los derechos previstos en esta ley, los
estatutos profesionales, las convenciones colectivas o los contratos individuales de trabajo, ya sea al
tiempo de su celebración o de su ejecución, o del ejercicio de derechos provenientes de su extinción."

Por lo tanto, cuando en la lectura de la LCT llegamos al artículo mencionado ya conocemos qué se
entiende por orden público laboral y a qué ha de atenerse quien lo viole, razón por la cual no podría
estarse refiriendo a la misma cuestión.

De este modo nos encontramos con el segundo vicio: circularidad. Si entendemos que el artículo
doce prohíbe todo acuerdo contrario al orden público laboral cuya violación, a su vez, está prohibida,
no estaría agregando nada nuevo.

Por el contrario, en "Bariain" la Sala VI de la Cámara interpretó que también eran irrenunciables los
derechos que estaban por encima del mínimo pero que tenían por origen el contrato de trabajo,
retocando así la teoría tanto en relación con la fuente cuanto con la naturaleza de los derechos.

Una interpretación como ésta no puede admitir convalidación a posteriori, por lo cual el hecho de que
el trabajador afectado no intime ni haga denuncia de su contrato no podría implicar su novación. Esta
fue la razón por la cual se falló en forma favorable en aquélla causa y en la más novedosa, "Velazco"
(CNAT, Sala VI, Sd.49959, del 14/10/98 in re "Velazco, Héctor Domingo c/ Celulosa Jujuy S.A.
s/despido", voto de la mayoría Dres. De la Fuente y Fernández Madrid).

Para así resolver opera el artículo 58 de la LCT que no admite presunciones en contra del trabajador,
lo que se compadece en un todo con el contenido del mentado artículo doce. Por lo tanto, la primera
regla será que la carga de la prueba pesa sobre el empleador.

Ello en razón de que el mero silencio no puede ser prueba válida, en especial ante el marco
económico que a todos envuelve. Nuevamente el artículo 58 nos orienta al decir que nada puede
presumirse del silencio, solo de actos que impliquen un comportamiento inequívoco. ¿Podrá entonces
la AFA invocar útilmente que el trabajador consintió puesto que no formuló reclamos antes y
permaneció trabajando? Ciertamente, no.

Aquí la interpretación se torna también muy farragosa y no puede ser realizada en forma aislada,
tanto del Código Civil, cuanto de la propia LCT. En el código se receptan dos formas de manifestar el
consentimiento (art.1145), la expresa y la tácita. En el primer caso se cuentan la manifestación verbal,
por escrito o por signos inequívocos; en el segundo los hechos o actos que lo presupongan o
autoricen a presumirlo "excepto en los casos en que la ley exige una manifestación expresa de
voluntad", o que las partes hubiesen estipulado alguna formalidad tal fin.

Si analizamos la posibilidad de renunciar a los mejores derechos adquiridos por acuerdo contractual,
lo hacemos desde la hipótesis de que la propia ley estaría objetando esta conducta, por lo que
resultaría contradictorio admitir la última excepción: no pueden ser las propias partes las que
estipulen la no obligatoriedad de sus estipulaciones.

Esto nos deja en el punto anterior: los actos o hechos del trabajador no pueden ser considerados
"inequívocos" sin más, presumiendo desde ellos una aceptación, cuando la ley exige una
manifestación expresa de la voluntad. Y es aquí donde complementa el análisis la ley de contratos,
reclamando precisamente este tipo de expresión: el artículo 15 nos dice que todo acuerdo transaccional, conciliatorio o liberatorio sólo será válido cuando medie intervención de la autoridad judicial
o administrativa, así como resolución fundada que evalúe la justa composición de derechos e
intereses (CNAT, Sala IV, Sd.83.649, del 30/4/99, in re "Kraisman, Alejandro Gabriel c/ Vilguad S.A. s/
despido", del voto del Dr. Lasarte, en mayoría). Extremo este último que no encuentro claramente
satisfecho en el caso.

Si la jurisprudencia ha dicho que "el fallo plenario 137, Lafalce, Angel c/ Casa Enrique Schuster
S.A´…fue dictado ya hace veintiocho años y tendría que ser revisado a la luz de las disposiciones de
la ley de contrato de trabajo, cuyo artículo 15 establece exigencias precisas para la conciliación y de
toda una normativa que fortifica el orden público laboral y que impide la irrenunciabilidad de los
derechos" (CNAT, Sala VI, Sd.50.257, del 18/11/98 in re "Panelo, Héctor Armando c/ YPF s/
accionario obrero". Dr. Fernández Madrid, por la minoría), mal podría tener valor en perjuicio del
trabajador una renuncia como la invocada.

Miremos el fenómeno de la renuncia desde sus dos frentes. En el caso de Velazco, durante casi
veinte años la empresa armó su esquema sobre la base de su reajustado contrato, sin que aquél
hiciese ningún reclamo, por lo que era lógico suponer que a su egreso nada podría reclamar en
relación con aquélla pretérita situación.

Pero si enfocamos la cuestión desde el lado del trabajador (a lo que la naturaleza protectoria de
nuestro derecho nos obliga), también podemos ver que la opción en la que se encontraba el
trabajador era diabólica, como lo fue para el actor: si no aceptaba la nueva condición, se exponía a
perder su trabajo (CNAT, Sala III, in re "Casterán, Gustavo y otro c/ Raña de Veloso", 30/8/85). Lo
que ciertamente sucediera en autos.

Hemos llegado a un punto en donde este do ut des leonino no debe ser sospechado, es explícito. Así
llegó a pretenderse que tuviera plenos efectos un acuerdo de rebaja salarial sin que fueran
disminuidas ni las obligaciones ni la carga horaria, a cambio de una promesa de estabilidad que, de
no ser cumplida, no tenía prevista ninguna sanción adicional (CNAT, Sala III, Sd.78.965, del 26/5/99
in re "Groba, María Andrea c/ Instituto Independencia S.R.L. s/ despido"). Esta grosera desproporción
llevó a los jueces a decretar la nulidad del acuerdo y condenar al pago de las diferencias.

Porque si bien la "autonomía de la voluntad" debe tener como regla interpretativa la buena fe de las
partes, es en el derecho del trabajo (en el cual la primacía de la realidad es un principio capital) donde
resulta en particular relevante considerar lo que "verosímilmente entendieron o pudieron entender los
firmantes, obrando con cuidado y previsión, arts.1198 Cód. Civil y arts.63 y ccs. de la LCT, CNAT,
Sala IX, Sd. del 17 de setiembre de 1998, in re "Maller, Gustavo Sergio y otros c/ YPF s/ accionario
obrero"). Porque no siempre la hipótesis es de que el trabajador "no ha comprendido los alcances del
acuerdo", muchas veces nos encontramos con empleados superiores de alta capacitación, como en
la especie, donde el trabajador comprende perfectamente que si no acepta, pierde la fuente de
trabajo.

En este mundo globalizado es razonable presumir que el trabajador no obra siempre con su libre
voluntad, sino que la misma está viciada por la necesidad de preservar su empleo por lo que "resulta
innecesario abundar sobre las dificultades que se presentan en la actualidad y desde hace tiempo en
el mercado laboral, y resulta de toda lógica que quienes lo han logrado se allanen a requisitorias
indebidas para mantener su fuente de trabajo (CNAT, Sala VIII, Sd.27.136, in re "Marini, Patricia c/
Indicom S.A. y otro s/ accidente", voto del Dr. Billoch Caride, por la mayoría).

¿Cómo evaluar entonces los acuerdos?, ¿cómo definir que sus términos resultan justos y
equitativos?, que han sido efectivamente queridos por el trabajador y ¿cómo interpretar el silencio a lo
largo del tiempo?

En relación con los contenidos, la regla del perjuicio es clara (CSJN, Z.275.XXXII, recurso de hecho,
"Zorzin, Víctor Rubén c/ YPF S.A.): como en todo planteo de nulidad es fundamental su invocación y
prueba, traducida en la especie en la desproporción de lo obtenido a cambio por la renuncia. Eso
mismo que destaco, que no se ha hecho en la especie.

Así, una rebaja -que siempre respete los mínimos inderogables- que se vea compensada con otro
beneficio puede ser aceptable, pero nunca puede ser prenda de cambio la continuidad del vínculo
laborativo. Y es en este punto en el que se deben extremar los cuidados, y en donde se ve con toda
claridad la necesidad de que los acuerdos sean celebrados ante una autoridad que los evalúe
debidamente, con precisiones, puesto que nunca aparece explícita aquella consecuencia. En cuanto
a qué habrá de entenderse por "tiempo suficiente para entender que la situación ha sido
consentida" (CSJN, Fallos 255:117), pues tampoco es solo una cuestión "temporal" -valga-, puesto
que también debe ser considerada en relación con la naturaleza del intercambio acordado y sus
circunstancias.

Sabiamente el legislador, en claro reconocimiento de las diferencias propias de la contratación
laboral, ha previsto un plazo prescriptivo corto que acuerda movilidad a las vinculaciones (art.258 de
la LCT), pero que a su vez permite que el trabajador reclame cuando su fuente de trabajo no corre
riesgos.

Por lo tanto, no sería dable interpretar asertivamente su silencio antes de agotada la bianualidad
(CSJN, 12/3/87, LT XXXV, pág.699, in re "Padín Capella, Jorge D. C/ Litho Formas S.A). Esto
convierte en indiferente el tiempo transcurrido en ejercicio de las condiciones minoradas, es solo
relevante una vez que el vínculo ha concluido. Mientras permanece el vínculo vigente mal podría
aceptarse la tesis de que, si tuvo el tiempo suficiente para consultar a un abogado, su silencio debe
ser interpretado como una aceptación, puesto que esto no necesariamente significa "estar de
acuerdo" con las nuevas condiciones, sin con la conveniencia de no perder el empleo por no
aceptarlas.

En una posición aún más protectoria se entendió que la excepción de "comportamiento inequívoco" a
la que alude el artículo 58 de la LCT, solo podría estar referida a la renuncia al empleo (Justo López,
Centeno y Fernández Madrid, "Ley de Contrato de Trabajo Comentada" T.I. Citado en la causa
Kraisman), de modo que las novaciones objetivas del contrato de trabajo nunca podrían ser
ratificadas de este modo.

Esta interpretación encuentra amparo a la luz de los artículos 229 y 241 de la LCT que, tanto para la
cesión del personal cuanto para extinción del contrato por voluntad concurrente, reclaman
formalidades. Por la primera, la aceptación por escrito y expresa del trabajador, destacando la
jurisprudencia que la misma no puede ser concluida por inferencias o presunciones, solo salvable por
confesión judicial expresa (CNAT, Sala X, Sd. 5431, del 28/12/98 in re "Marucci, Norberto César c/
Consorcio de Propietarios del Edificio Suipacha 1359 s/ despido). Por la segunda, la formalización
mediante escritura pública o ante la autoridad judicial o administrativa del trabajo, aunque acepta un
"comportamiento concluyente y recíproco de las mismas, que traduzca inequívocamente el abandono
de la relación", que sería la hipótesis del artículo 58.

Finalmente, quiero resaltar que la brecha interpretativa fue cerrada mediante la reforma del 29 de
diciembre de 2009, producida por la ley 26574, que introdujera expresamente en el texto del artículo
12 de la LCT, el criterio anticipado, relativo a que, entre los derechos adquiridos, se encontraban los
emergentes del contrato de trabajo.

No asiste razón a la recurrente, en cuanto a la quita en el salario del 16 %, puesto que carece de
especificación la argumentación de la variabilidad en el haber del trabajador. Por lo tanto, encuentro
adecuada la condena de los rubros calculados sobre el salario denunciado, por lo que corresponde
confirmar lo decidido en la anterior instancia.

Con relación al argumento de que, por la ley 24622, los árbitros aportan como autónomos, recuerdo
que el artículo tercero reza que "la disposición precedente no afecta los contratos de trabajo vigentes
o futuros de los trabajadores mencionados en el artículo anterior, regulados en la ley 20160 y
Convenios Colectivos de Trabajo, que mantienen su vigencia a todos los efectos laborales".

Recordemos que esta norma data del 27 de diciembre de 1995, y la relación del actor había
comenzado antes.

Los restantes agravios serán analizados, luego de tratar la queja del actor.

El accionante se queja, por el tope según el CCT 126/75 que aplica la juez de grado. Sostiene que no
se tuvo en cuenta la resolución Nº 384/04, que lo eleva a $ 3.015,24.

Asiste razón a la recurrente. Ello es así, pues el artículo 1º de la Resolución Nº 384/04 del MTSS,
dispone que los topes resultantes a partir del mes de Abril de 2004 han sido incrementados en la
suma total de pesos seiscientos setenta y dos ($ 672), fruto de la multiplicación por tres (3), el importe
total de pesos doscientos veinticuatro ($ 224) incorporado a las remuneraciones básicas por el
mencionado Decreto. En tales condiciones, el tope previsto para la actividad que rigió el contrato
entre las partes, es de $ 3.015,24.

En consecuencia, corresponde modificar el rubro indemnización por antigüedad, el que ascenderá a $
66.335,28 ($ 3.015,24 x 22). Por lo tanto, también corresponde modificar el monto al que ascienden
los rubros art. 15 ley 24013 y art. 2 ley 25323, los que alcanzan a $ 76.887,76 y $ 38.443,88,
respectivamente.

Ahora bien, la demandada pretende que se aplique la tasa activa, a la suma percibida por el actor.
Dicha petición carece de fundamentación, pues la recurrente no invoca norma alguna que apoye su
postura, lo que impide su tratamiento. Es más, ni siquiera fue puesta a consideración de la juez de la
anterior instancia (art. 277 del CPCCN).

En virtud de lo expuesto, el monto de condena asciende a $ 224.345,87 ($ 241.518,44 - percibido a
cuenta $ 17.172,57), con más los intereses dispuestos en la anterior instancia, que llegan firmes a
esta Alzada. Cabe aclarar, que toda vez que se encuentra consentida la no aplicación de
actualización monetaria, no puedo introducir la cuestión sin violar el principio de congruencia.

Ante el nuevo resultado del litigio y en virtud de lo normado por el art. 279 CPCC, corresponde dejar
sin efecto la imposición de costas y las regulaciones de honorarios practicadas en la instancia
anterior, y encarar su determinación en forma originaria, por lo que resulta innecesario analizar las
quejas sobre estos puntos.

Las costas de ambas instancias serán soportadas por la parte demandada (art. 68 del CPCCN).
Teniendo en cuenta el monto de condena, la calidad y a la extensión de las tareas desempeñadas por
los profesionales y por el experto interviniente y lo dispuesto por las normas arancelarias vigentes,
propongo regular los honorarios de primera instancia para la representación y el patrocinio letrado de
las partes actora y demandada y para el perito contador en 17%, 13% y 8%, respectivamente, a
calcular sobre el monto de condena y sus intereses. También corresponde regular los honorarios de
los presentantes de fs. 676/677 y fs. 678/689 en 30% y 25%, respectivamente, a calcular sobre lo que
les corresponda por su actuación en la anterior instancia (arts. 6, 7, 8, 9 y cc de la LA).

En relación con la adición del IVA a los honorarios regulados, esta Sala ha decidido en la sentencia
65.569 del 27 de septiembre de 1993, en autos "Quiroga, Rodolfo c/Autolatina Argentina S.A. s/
accidente-ley 9688", que el impuesto al valor agregado es indirecto y por lo tanto grava el consumo y
no la ganancia, por lo que debe calcularse su porcentaje, que estará a cargo de quien deba retribuir la
labor profesional. En el mismo sentido se ha pronunciado la Corte Suprema de Justicia de la Nación
en la causa "Compañía General de Combustibles S.A. s/recurso de apelación" (C.181 XXIV del 16 de
junio de 1993), al sostener "que no admitir que el importe del impuesto al valor agregado integre las
costas del juicio -adicionárselo a los honorarios regulados- implicaría desnaturalizar la aplicación del
referido tributo, pues la gabela incidiría directamente sobre la renta del profesional, en oposición al
modo como el legislador concibió el funcionamiento del impuesto".

Voto, en consecuencia, para que se confirme la sentencia en lo principal que decide y ha sido materia
de agravios. Propongo elevar el monto de condena a la suma de $ 224.345,87 (pesos doscientos
veinticuatro mil trescientos cuarenta y cinco con ochenta y siete centavos), con más los intereses
fijados en la anterior instancia. Propicio dejar sin efecto la imposición de costas y la regulación de
honorarios e imponer las primeras, por ambas instancias, a cargo de la demandada y regular los
honorarios de primera instancia para la representación y el patrocinio letrado de las partes actora y
demandada y para el perito contador en 17 %, 13 % y 8 %, respectivamente, a calcular sobre el
monto de condena y sus intereses. También corresponde regular los honorarios de los presentantes
de fs. 676/677 y fs. 678/689 en 30 % y 25 %, respectivamente, a calcular sobre lo que les
corresponda por su actuación en la anterior instancia (arts. 6, 7, 8, 9 y cc de la LA). En caso de
tratarse de responsables inscriptos, deberá adicionarse a las sumas fijadas en concepto de
honorarios de los profesionales actuantes en autos el impuesto al valor agregado, que estará a cargo
de quien deba retribuir la labor profesional.

El Doctor Rodríguez Brunengo dijo:

Por compartir sus fundamentos, adhiero al voto que antecede.

Por todo lo expuesto, el Tribunal RESUELVE: I.- Confirmar la sentencia en lo principal que decide y
ha sido materia de agravios. II.- Elevar el monto de condena a la suma de $ 224.345,87 (pesos
doscientos veinticuatro mil trescientos cuarenta y cinco con ochenta y siete centavos), con más los
intereses fijados en la anterior instancia. III.- Dejar sin efecto la imposición de costas y la regulación
de honorarios e imponer las primeras, por ambas instancias, a cargo de la demandada y regular los
honorarios de primera instancia para la representación y el patrocinio letrado de las partes actora y
demandada y para el perito contador en 17%, 13% y 8%, respectivamente, a calcular sobre el monto
de condena y sus intereses. IV.- Regular los honorarios de los presentantes de fs. 676/677 y fs. 678/689 en 30% y 25%, respectivamente, a calcular sobre lo que les corresponda por su actuación en
la anterior instancia (arts. 6, 7, 8, 9 y cc de la LA). En caso de tratarse de responsables inscriptos,
deberá adicionarse a las sumas fijadas en concepto de honorarios de los profesionales actuantes en
autos el impuesto al valor agregado, que estará a cargo de quien deba retribuir la labor profesional.
Diana R. Cañal — Néstor M. Rodríguez Brunengo.

         

 

 

 
 
 

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