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15 de Mayo de 2013

Dopaje y responsabilidad penal de los deportistas

 

Por José María Carretero Arbona

Pasados unos días tras el fallo del Juzgado de lo Penal, número 21 de Madrid,
lo que ha quedado claro es que la sentencia de la “Operación Puerto” -como ya
fue adelantado por IUSPORT- no ha dejado indiferente a nadie. La WADA (World
Antidoping Agency), el COI (Comité Olímpico internacional), la AEA (Agencia
Estatal antidopaje), el CSD (Consejo Superior de Deportes), deportistas, ex
deportistas y demás personas relacionadas con el mundo del deporte, ya han
manifestado su profundo malestar y decepción por la decisión adoptada por la
justicia española.

A raíz de la misma, ha vuelto a salir a la palestra un tema que está de candente
actualidad: la responsabilidad penal de los deportistas.

Lo primero que hay que tener en consideración son las posibles razones que
pueden llevar a un deportista a doparse. Desde que el deporte se ha convertido
en un fenómeno social de especial trascendencia y en un objeto de consumo
-sometido a la ley de la oferta y la demanda-, en donde hay en juego muchos
intereses, el cuerpo del deportista ha adquirido un rol central, quedando sometido
no sólo a las propias exigencias que él mismo se impone, sino también a las
exigencias de la competición y del entorno. Este entorno abarca una serie de
influencias económicas, políticas, sociales y culturales que confluyen en el deportista,
configurando un panorama deportivo muy distinto en donde el fenómeno del dopaje
adquiere unas connotaciones y un alcance mucho más complejos y profundos que
en épocas anteriores.

Por tanto, parece lógico, teniendo en cuenta este entorno socio-económico-cultural
que rodea al deportista, que el ordenamiento jurídico cuente con tipos penales
específicos que castiguen a todas aquellas personas físicas o jurídicas (como son
los colaboradores más allegados al deportista, el médico, el entrenador, los padres,
amigos, compañeros, asesores, patrocinadores, organizaciones, clubes, federaciones,
etc.) que ejerzan influencia, aconsejen, dirijan y/o asesoren al deportista a lo largo
de su carrera deportiva y que puedan entrar en conflicto con los propios criterios e
intereses del atleta.

En este sentido, en nuestro orden jurisdiccional se introdujo (a semejanza de lo que
ocurre en otras legislaciones como por ejemplo en Francia o Italia) un nuevo tipo
delictivo, contenido en el artículo 361 bis del Código Penal, cuya finalidad es la de
castigar al entorno del deportista y preservar la salud pública.

Sin embargo, ¿es preciso considerar penalmente responsable al deportista, para
erradicar esta lacra del deporte? En opinión de muchos, no es preciso llegar a tal
extremo, ya que si éste se dopa por decisión propia, con el único objetivo de hacer
trampas y, de esta manera, obtener un mayor rendimiento deportivo, que –utilizando
una expresión coloquial- “pague el pato” por la infracción de las normas deportivas
infringidas y se le sancione, se le suspenda la licencia federativa, se le impida poder
participar en competiciones, se le retiren los premios obtenidos y se le condene a
indemnizar por daños y perjuicios a todas aquellas personas que se hayan visto
afectadas por la infracción cometida, más las cantidades que les correspondan en
concepto de lucro cesante.

Lo que ha de tenerse claro es que la lucha antidopaje se debe entender como una
auténtica necesidad y no como un capricho. Esta problemática, en ocasiones, se ha
abordado intentando presentar a los deportistas como “mártires de la sociedad” o
intentando justificar que a mayor esfuerzo, mayor espectáculo, claudicando de esta
manera a intereses económicos y comerciales. Esto se debe erradicar por completo
puesto que el espectáculo es la competición en sí misma –de la que forman parte
los deportistas- y no al contrario. Los verdaderos culpables son los "inductores". Son
más culpables aquellos que facilitan que aquellos que toman ¿De quésirve sancionar
a un deportista si luego esos "inductores” siguen facilitando sustancias a otros? Se
debe perseguir a todos con el peso de la ley, con el fin de poder erradicar esta
práctica y preservar, defender y proteger la salud pública y la de los deportistas.

En definitiva, el debate que gira entorno a esta problemática se centra en el tipo de
deporte que nuestra sociedad quiere tener, es decir, si queremos optar por un
deporte de alto nivel, en donde el cuerpo sea considerado como un instrumento a
exprimir lo máximo posible, donde lo único importante sea la victoria -de forma
que los medios para alcanzarla sean absolutamente lícitos y, el fin, por tanto,
justifique los medios- o si por el contrario queremos optar por un deporte donde
la victoria sea importante, pero no a costa de cualquier medio, y donde tengan un
papel relevante aquellos valores como la función educativa a través del deporte, la
salud, el cuidado de los jóvenes, la deportividad, la integración e igualdad de clases
sociales, etc.

Veremos en que acabará el asunto ya que si la sentencia finalmente es recurrida, tal
y como así parece, el proceso se presume largo. Esperemos que esta decisión, cara
al próximo 7 de septiembre en Buenos Aires, no tenga algún efecto nocivo para la
“Candidatura Madrid 2020”


Fuente: Iusport

 

 
 
 

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