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1 de Noviembre de 2013

Lo esencial de la nueva Ley Antidopaje

Francesc BARTOLL HUERTA

Comentario a la Ley Orgánica 3/2013, de 20 de junio, de Protección de la salud del
deportista y Lucha contra el dopaje en la actividad deportiva.

En el BOE número 148, de fecha 21 de junio de 2013 se publicó la Ley Orgánica
3/2013, de 20 de junio, de Protección de la salud del deportista y lucha contra el
dopaje en la actividad deportiva (en adelante LOPSD), cuya entrada en vigor se
produjo el siguiente 11 de julio de 2013. La LOPSD comporta una modificación
de la Ley 7/2006, de 21 de noviembre. Dicha modificación se produce con la
intención de ajustar la normativa española a las últimas directrices operadas en las
normas internacionales de lucha contra el dopaje.

Así pues, con la intención de adaptar la normativa española al Código Mundial
Antidopaje (elaborado por la AMA -Agencia Mundial Anti-Dopaje-), la regulación
que aborda la LOPSD, en las cuestiones fundamentales para la represión del dopaje,
se puede concentrar en dos vertientes. La primera se concreta en la creación de
la Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte (que sustituye a la
ahora ya extinta Agencia Estatal Antidopaje). Aquella asumirá todas las competencias
en materia sancionadora (incluídas todas las competencias que en el sistema
anterior venía ejerciendo el Consejo Superior de Deportes en relación con la protección
de la salud de los deportistas).

También ciertas competencias en materia sancionadora anteriormente asumidas
por los órganos jurisdiccionales de las propias Federaciones Españolas se concentran
en éste organismo público que así podrá actuar con toda independencia y bajo la
supervisión del Consejo Superior de Deportes. Ello contribuirá a evitar posibles
disfunciones y ayudará al establecimiento de una serie de criterios de interpretación
de la norma que sean homogéneos y constantes y que contribuyan a fortalecer la
seguridad jurídica.

La segunda de las cuestiones importantes se basa en la creación de un sistema de
colaboración entre las autoridades judiciales penales competentes para instruir los
procedimientos penales por presuntos delitos de dopaje (artículo 361 bis del Código
Penal -al que nos referiremos más tarde-) y las autoridades administrativas
encargadas de tramitar los procedimientos sancionadores en materia de dopaje. Dicha
cuestión recogida en el artículo 33 de la LOPSD prevé la posibilidad de solicitar al
Juez de Instrucción los elementos de prueba que obren en el expediente judicial, que
puedan necesarios para tramitar los expedientes administrativos. La solicitud se
otorgará o denegará siempre en base a una resolución judicial penal motivada,
previa ponderación del principio de proporcionalidad.

Subyace, en ésta adaptación legal, la pretensión del legislador -sin duda inducida por
el ejecutivo- de llevar a cabo una persecución y represión de todas aquellas
conductas tendentes a la alteración de la actividad deportiva mediante el dopaje;
ello de una forma mucho más contundente y efectiva que hasta la actualidad, dado
que, ahora sí, se incardina la fundamental, indispensable y tan esperada colaboración
entre la autoridad judicial y la administrativa, sobre todo en cuanto a la posibilidad de
compartir las pruebas. Queda, sin embargo, la delimitación de ciertos extremos que
deberá llevarse a cabo mediante el desarrollo reglamentario, previsto en la propia
ley y pendiente hast la fecha.

Además de lo que se ha indicado en los párrafos anteriores la LOPSD, por otra parte,
representa un avance notable en la concepción de la protección de la salud de los
deportistas que estarán sujetos a las responsabilidades relacionadas en la Ley,
y que afectan tanto al deportista como a su entorno técnico y directivo. Debemos
destacar en especial, entre otras medidas, el establecimiento de un sistema de
reconocimientos médicos, más intenso cuanto más exigente sea la actividad física a
realizar. Representa ello un refuerzo trascedental para el fortalecimiento de la causa
emprendida por nuestra FEDDF, desde hace ya un cierto tiempo; reclamada y establecida
por el Comité Médico de la FEDDF y notablemente reforzada por todos los estamentos
federativos: directivos, jurídicos y técnicos.

Queda añadir la obligación de que los establecimientos relacionados con la práctica
deportiva más exigente dispongan de medios de lucha contra las enfermedades
cardiorrespiratorias agudas o bien el establecimiento de un sistema de tarjeta de
salud de los deportistas de alto nivel o de carácter profesional , así como las nuevas
medidas de protección de la salud cuando se finaliza la actividad deportiva.

Finalmente retomamos la cita efectuada al Código Penal y que habia quedado
estacionada en un párrafo anterior. La finalidad del Art.361 bis del Código Penal es
castigar al entorno del deportista y preservar la salud pública, gravemente amenazada
por la comercialización y dispensación carente de control de productos sin garantía
alguna y seriamente perjudiciales para la salud de los deportistas.

Si bien la represión jurídica del dopaje se aborda tanto desde el Código Penal como
desde la LOPSD, ésta última norma se ocupa únicamente del plano administrativo,
con sanciones de ese mismo rango, mientras que el Código Penal se ocupa de
las penas privativas de libertad, para la protección de deportistas, federados o no,
que practiquen toda clase de modalidades del deporte.

Puede ser responsable de este delito cualquier persona; no tan solo los médicos,
farmacéuticos o especialistas técnicos. La conducta que da lugar a la acción delictiva
consiste en prescribir, proporcionar, dispensar, suministrar, administrar, ofrecer y
facilitar“sin justificación terapéutica”, substancias prohibidas. Es decir, que no debe
existir ningún tipo de prescripción médica que fundamente el consumo de las substancias.

La prohibición se extiende tanto a substancias o grupos farmacológicos prohibidos, como
a la utilización de métodos no reglamentarios, destinados a aumentar capacidades físicas
o a modificar los resultados de las competiciones, y que con dichas acciones se ponga
en peligro la vida o la salud de los deportistas.

La condena por la comisión de estos delitos puede dar lugar a la pena de presión de 6 meses
a 2 años; a una multa de 6 a 18 meses, o a una inhabilitación especial para empleo, cargo
público, profesión u oficio de 2 a 5 años.

Como conclusión final cabe decir que nuestro Código Penal no sanciona al deportista sino
a las personas que facilitan el consumo de substancias dopantes. Así, si un deportista
da positivo en un control antidopaje, no será juzgado penalmente; posiblemente lo
sean sus referentes médicos, pero sí puede ser sancionado administrativamente si incurre
en cualquiera de los supuestos previstos en la LOPSD.

En consecuencia, y con la promulgación de la LOPSD, junto con las previsiones del Código
Penal (artículo 361 Bis), la regulación en materia de dopaje se encuentra perfectamente
adaptada en España a las previsiones de la AMA, establecidas en el Código Mundial Antidopaje.


Octubre de 2013.

Fdo: Francesc Bartoll Huerta
Abogado
Secretario General de la FEDDF

 
 
 

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