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04 de Noviembre de 2016

Responsabilidad civil del organizador de
espectáculos deportivos: enfoques jurídicos
en la dirección correcta


por PABLO CARLOS BARBIERI

1.Un nuevo pronunciamiento.

La Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Mendoza ha tenido la oportunidad
de expedirse, recientemente, sobre el reclamo de una persona a la que se le
sustrajo una camioneta en el estacionamiento del Estadio Malvinas Argentinas,
en oportunidad del desarrollo de un partido de fútbol profesional disputado en
dicho escenario deportivo (1).

Luego de haber sido rechazada la demanda por daños y perjuicios en instancias
inferiores, el tribunal superior mendocino acoge el reclamo, analizando la cuestión
desde distintas vertientes jurídicas, esto es, la aplicación de disposiciones relativas
a la Ley de Defensa del Consumidor, alusiones a la existencia de un "contrato
de garaje" o "contrato de estacionamiento" y, finalmente, la responsabilidad de
los organizadores del evento deportivo, conforme a la legislación especial en la
materia (art. 51 de la ley 23.184, t.o.).

Sin ingresar a analizar la valoración de la prueba producida en esas actuaciones,
entiendo que resulta útil discurrir acerca de tal responsabilidad específica, ya que
ha sido materia de numerosos pronunciamientos judiciales que apuntan a reforzar
dicho deber resarcitorio. Si bien no creo que sea menester referirse a una
"responsabilidad deportiva" con carácter autónomo (2), es cierto que la temática
presenta aristas y soluciones particulares que merecen un análisis detallado y
conforme a las peculiaridades que rodean la organización de un espectáculo deportivo.

Por ende, apuntaré ciertas reflexiones sobre el particular, sin perjuicio de aludir
a puntuales referencias efectuadas por el decisorio judicial citado.

2. Normativa aplicable.

La responsabilidad por daños acaecidos en los espectáculos deportivos posee una
regulación específica. La ley 23.184 dispone de preceptos que contienen tipificaciones
y sanciones variadas que incluyen disposiciones penales, contravencionales y procesales.

En lo que atañe a la materia que se analiza en este comentario, el artículo 51 (luego
de sus reformas por las leyes 24.192 y 26.358) establece, textualmente, que "las
entidades o asociaciones participantes de un espectáculo deportivo, son
solidariamente responsables de los daños y perjuicios que se generen en los estadios".

Dista ello del texto originario contenido por el art. 33 de la ley 23.184. Allí se disponía
que "las entidades o asociaciones participantes de un espectáculo deportivo son
solidariamente responsables civiles de los daños sufridos por los espectadores de
los mismos, en los estadios y durante su desarrollo, si no ha mediado culpa del
damnificado. La entidad o asociación que hubiese indemnizado una parte mayor
que la que le corresponde, podrá ejercer la acción de reintegro contra el o los
codeudores solidarios, conforme al grado de responsabilidad en que hubiesen incurrido".

La sola comparación que surge de la lectura de ambos textos determina que, en el
actualmente vigente, la responsabilidad civil ha agravado, apuntando a una mayor
protección de las víctimas de los eventuales daños acaecidos en eventos deportivos.
Si bien la "culpa de la víctima" "debería considerarse a los fines de la evaluación de la
responsabilidad a pesar de no encontrarse contemplada expresamente" (3), poca duda
cabe que, en la especie, nos encontramos ante una suerte de "responsabilidad
objetiva agravada", bastante más severa que la establecida en el art. 1113 del Código
Civil todavía en vigor.

El objetivo protectorio del sistema es visible. Y la recepción jurisprudencial del mismo
es concordante con tales objetivos. Máxime cuando los episodios de violencia que se
generan en los estadios ponen en riesgo la integridad física de los asistentes en un
grado algo más importante que en otras actividades.

3. El contrato de espectáculo deportivo y el deber de seguridad del "organizador".

Desde hace largo tiempo, doctrina y jurisprudencia dominantes son contestes en que,
entre quien concurre a un evento deportivo y el/los organizador/es del mismo se
genera la figura del contrato de espectáculo deportivo, definido como "aquel celebrado
entre el espectador que paga un precio para poder gozar de un resultado y el
promotor o empresario de espectáculo que se compromete a brindarlo de
conformidad a los anuncios, carteleras, avisos, etc." (4). Entiendo, por mi parte,
que se trata de aquella relación anudada entre una o más entidad/es organizadora/s
y un espectador, mediante la cual éste adquiere el derecho de presenciar el evento
deportivo en las condiciones ofrecidas, asumiendo aquél un deber de seguridad
hacia el asistente al espectáculo.

Puede incluirse dentro de los contratos atípicos o innominados, bilaterales, conmutativos
y consensuales (5); si bien se pregona su onerosidad, se ha resuelto que "la circunstancia
de que no se hubiera pagado entrada, ya que se dieron dos pases de favor sin costo
alguno, no significa que no haya mediado una relación contractual, pues no hay que
confundir un contrato gratuito con una ausencia de contrato..."(6).

También resulta casi unánime la consideración de que, en cabeza del organizador del
evento deportivo nace una obligación de seguridad, decidiéndose, por ejemplo, que
"este contrato conlleva implícita una cláusula de incolumidad, por la cual el
organizador asume un deber de seguridad. En consecuencia, responde por todos
los daños ocasionados a los espectadores por el incumplimiento de ese deber..." (7).
En concordancia, se ha precisado que la seguridad es "la obligación fundamental que
recae sobre el organizador y puede definirse como aquella en virtud de la cual una de
las partes del contrato se compromete a devolver al otro contratante, ya sea su
persona o sus bienes sanos y salvos a la expiración del contrato"(8). De allí
que se establezca su responsabilidad civil ante el daño sufrido por los espectadores
al evento. El fallo anotado también se expide en dicha dirección.

El texto del art. 51 de la ley 23.184 omite aludir a los "organizadores", sino que
extiende la responsabilidad civil solidaria a "las entidades o asociaciones
participantes de un espectáculo deportivo", con lo cual parecería que dicho carácter
resulta irrelevante a los fines del establecimiento del eventual deber resarcitorio.

Creo, sin embargo, que tal cuestión no resulta un dato menor y el decisorio de
referencia parece destacar esa circunstancia.

Podemos leer allí que "... en el caso la responsabilidad por el daño causado pesa sobre
ambos demandados: el Club por ser el organizador del espectáculo deportivo (art 51
Ley 23.184) y la Provincia de Mendoza , quien si bien cedió el uso de las instalaciones
del Estadio al Club Deportivo Godoy Cruz Antonio Tomba, por el convenio que corre
agregado a fs. 78/79, se reservó el derecho de disponer del Estadio y de las
adyacencias del mismo en tanto y en cuanto no comprometiera al Club".

La Provincia de Mendoza es el titular del Estadio Malvinas Argentinas, en cuyo
estacionamiento se verificó el evento dañoso; si bien ha cedido su explotación al
club codemandado, ello no lo exime de responsabilidad, máxime con el resto de las
circunstancias detalladas en el fallo citado. De hecho, calificada doctrina se ha
expedido en dirección similar en estas situaciones (9).

Todo ello sin perjuicio de la conflictividad que presenta involucrar dentro del concepto
de "participantes" a las asociaciones civiles deportivas de segundo o tercer grado
(v.gr. federaciones o confederaciones nacionales), materia que ha provocado
numerosas aplicaciones jurisprudenciales, muchas de ellas en sentido discordantes (10).

4. Otros apuntes. Proyecciones en el Código Civil y Comercial.

Como puede verse, el tema es muy rico y en una apretada síntesis se han
enunciado algunas cuestiones referidas a puntos específicos de este particular
sistema de responsabilidad civil consagrado por la ley 23.184 que seguirá vigente
aún después de la sanción del Código Civil y Comercial, dado que éste no efectúa
derogación alguna de tales disposiciones.

Alude el fallo, asimismo, a la responsabilidad por incumplimiento del art. 5 de la
ley 24.240 (Defensa del Consumidor) apuntando, estimo, a la relación jurídica
generada por el estacionamiento del vehículo en el espacio respectivo asignado
en adyacencias al estadio deportivo mencionado.

Se establece allí que "las cosas y servicios deben ser suministrados o prestados en
forma tal que, utilizados en condiciones previsibles o normales de uso, no presenten
peligro alguno para la salud o integridad física de los consumidores o usuarios";
esta disposición se ve claramente vulnerada ante la sustracción del vehículo
estacionado. Dicho "servicio" de custodia del mismo, como es lógico colegir, ha sido
prestado deficientemente, generando la consecuente responsabilidad resarcitoria".

Destaco, sin perjuicio de ello, que dicha normativa también puede aplicarse a los
casos de daños y perjuicios acaecidos en espectáculos deportivos que abarquen la
persona -y no los bienes- de las víctimas. Importante doctrina en la materia se ha
expedido afirmativamente sobre el particular, en postura que, personalmente,
comparto(11). De hecho, en el Brasil, la ley 10.671 se refiere, específicamente, a
los "derechos y deberes del torcedor" (12), con reglas rígidas y severas al respecto.

Las fronteras de esta aplicación pueden ampliarse desde la entrada en vigencia del
Código Civil y Comercial, a partir del próximo 1º de agosto. El llamado "contrato de
espectáculo deportivo" sería, claramente, incluible dentro de los llamados "contratos
de consumo" que se regulan a partir del art. 1093 de dicha normativa. Está claro
que el espectador-usuario contrata "el uso o goce de los bienes o servicios" del
organizador-proveedor del evento deportivo, que deberá responder por incumplimiento.

Las cuestiones interpretativas, sin embargo, estarán a la orden del día, dado que se
trata de una materia que, presentando un índice relativamente alto de litigiosidad,
plantea supuestos diversos rodeados de particularidades. En este punto, la prueba
del daño tiene una fundamental trascendencia, como se ha destacado en
numerosos pronunciamientos judiciales (13).

La reflexión final que deseo consignar se relaciona con el impacto que estos
episodios generan en la administración de los clubes deportivos.

He puesto de manifiesto que el sistema de responsabilidad es agravado en relación
a los supuestos "comunes", lo que produce una mayor vulnerabilidad de los clubes
ante eventuales demandas o reclamos judiciales.

Ello puede provocar daños patrimoniales considerables, sobre todo en entidades
que, patrimonialmente, no registran gran envergadura. La aparición de sentencias
condenatorias por sumas de importancia puede llevarlos, incluso, a la apertura de
procesos concursales.

De allí que sea necesario extremar y redoblar esfuerzos para prevenir y combatir la
producción de eventos dañosos en los espectáculos deportivos, deber inexcusable
de la dirigencia deportiva de nuestros días. Caso contrario, las posibilidades
condenatorias crecen y los daños patrimoniales que pueden sufrir los clubes
aportan incertidumbre al futuro de éstos y de su gestión.

Notas al pie:

1) SCMendoza, 1/6/2015, "Roldán, Juan Orlando y ot. c/ Provincia de Mendoza
y ot. s/ Daños y Perjuicios", publicado en www.infojus.gov.ar, 18/6/2015,
Id Infojus: NV 11713.

2) Así lo he sostenido en varias oportunidades. Puede verse, BARBIERI, Pablo C.,
Daños en el Deporte, en TRIGO REPRESAS, Félix - BENAVENTE, María I. (Directores),
Reparación de Daños a la Persona, La Ley, Bs. As., 2014, To IV, pág. 527.

3) Así se consagró, por ejemplo, en CNCiv., Sala "F", 16/5/2006, "Cáceres, Daniel
Edgardo c/ Club Atlético Ríver Plate s/ Daños y Perjuicios"; véase su transcripción
completa en Cuadernos de Derecho Deportivo, Nos 8/9, Ad Hoc, Bs. As.,
2007, págs. 323/330. Concordantemente, BARBIERI, Pablo C., op. cit., pág. 341.

4) MOSSET ITURRASPE, Jorge, Contratos, Ediar, Bs. As., 1991, pág. 62 y
jurisprudencia allí citada.

5) BARBIERI, Pablo C., op. cit., pág. 535.

6) CNCiv., Sala "A", 5/5/2004, "Izaguirre, Sebastián c/ Schiavonne, Marcelo y ot.
s/ Daños y Perjuicios"; véase su transcripción completa en Cuadernos...., cit.,
No 4/5, Ad Hoc, Bs. As. 2005, pág. 410.

7) C 1º Civ. y Com., San Isidro, 29/7/1986, "Vacas, F.M. c/ Jockey Club (Hipódromo
de San Isidro) s/ Daños y Perjuicios", LL 1986-D-257 y sig.

8) DÍAZ PALACIO, Eugenia, Daños causados en espectáculos deportivos. Régimen
de responsabilidades, en GHERSI, Carlos A. y otros, Daños en y por espectáculos
deportivos, Gowa, Bs. As., 1996, pág. 67 y doctrina allí citada.

9) VAZQUEZ FERREYRA, Roberto, La violencia en el espectáculo deportivo.
Responsabilidad civil en la ley 23.184, LL 1985-C-586.

10) A mayor abundamiento, véase BARBIERI, Pablo C., Daños y Perjuicios en
el Deporte, Ed. Universidad, Bs.As., 2010, págs.120/129 y doctrina y jurisprudencia
allí citadas.

11) PEREZ BUSTAMANTE, Laura, Derechos de los usuarios de espectáculos deportivos,
en Cuadernos...., cit., No 4/5, pág. 143.

12) Es la denominación con la cual en ese país se conoce a los hinchas o
simpatizantes deportivos.

13) Véase, sobre el particular, BARBIERI, Pablo C., La carga de la prueba en la
responsabilidad civil por daños y perjuicios en estadios deportivos, en
www.infojus.gov.ar, 9 de febrero de 2015, Id Infojus: DACF150109 y doctrina y
jurisprudencia allí citadas.

Fuente: InfoJus

 

 

 

 

 
 
 

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