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30 de Marzo de 2013

La responsabilidad civil de los árbitros

 

María Corona Quesada González, Doctora en Derecho y profesora titular de Derecho Civil
de la Universidad de Barcelona, hizo mención a la necesaria distinción entre la
 responsabilidad disciplinaria y la responsabilidad civil en la ponencia que dio inicio a  la
Jornada “El Deporte profesional y sus actores, en la encrucijada”, celebrada el pasado 
día 18 de marzo en Zaragoza, organizada por la Editorial Reus, el despacho Tebas & 
Coiduras Asociados-Law Sport y por la Asociación Española de Derecho Deportivo (AEDD). 

Recordó María Corona Quesada que la responsabilidad disciplinaria deportiva viene regulada
  en el Real Decreto 1591/1992, de 23 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento
de  Disciplina Deportiva, cuyo artículo 5.1 dispone que el régimen disciplinario deportivo es
  independiente de la responsabilidad civil o penal, así como del régimen derivado de las 
relaciones laborales, que se regirá por la legislación que en cada caso corresponda. Por 
otro lado, la responsabilidad civil viene regulada por el Código Civil.

La ponente entiende que la responsabilidad civil y la responsabilidad deportiva tienen 
distinta naturaleza jurídica pero ambas son compatibles. En la normativa deportiva, se 
regula la responsabilidad disciplinaria de los jueces y árbitros, pero se les intenta  exonera
r de responsabilidad civil.

Por ejemplo, en la Regla V de las Reglas de Juego de la International Football Association 
Board  se establece que un árbitro no será responsable por las decisiones que haya podido 
tomar conforme a las Reglas de Juego o con respecto al procedimiento normal requerido
para  celebrar, jugar y controlar un partido.

Asimismo, en el artículo 154 del Reglamento General de la Real Federación Española de 
Hípica se dispone que los Jueces carecen de responsabilidad civil y financiera como 
consecuencia de sus decisiones.

Para MARÍA CORONA QUESADA, las normas citadas suscitan, cuanto menos, la duda de si es
  posible exonerar a los jueces y árbitros de responsabilidad civil. Para resolverlo hay que 
distinguir entre la responsabilidad civil debida a dolo y la debida a culpa. Para que  exista
dolo, debe tenerse la intención de dañar, o, como mínimo, la conciencia de hacerlo.  En el
caso de la culpa, falta la intencionalidad; los daños se causan por negligencia, por  falta de
la diligencia debida.

Por eso considera la ponente que es importante distinguir entre dolo y culpa. En un 
comportamiento culposo, se puede exonerar de la responsabilidad civil, pero en el caso de 
un comportamiento doloso no es posible. En el artículo 1102 del Código Civil se establece 
que la responsabilidad procedente del dolo es exigible en todas las obligaciones. En definitiva,
si se puede probar que se obró malintencionadamente, con dolo, sí que será  exigible la
responsabilidad civil, no pudiendo eludirse el cumplimiento del citado  artículo 1102.

Entiende la ponente que la Regla V de las Reglas del Juego de la International Football 
Association Board y el artículo 154 del Reglamento General de la Real Federación Española 
de Hípica, no son del todo correctas. 

En general, si se responde por responsabilidad civil, se hace en caso de culpa, porque son 
muy pocas las fundamentaciones basadas en el dolo, ya que es muy difícil de probar. Por 
ello, muy excepcionalmente se podrá exigir a un juez o árbitro responsabilidad civil por 
sus decisiones.

Cuestión distinta es la reclamación de daños y perjuicios por una decisión dolosa de un árbitro.
Nos debemos preguntar si es un supuesto de responsabilidad contractual o  extracontractual.
MARÍA CORONA QUESADA considera que es un tema pendiente de resolver  saber en qué
supuestos es contractual o en cuáles es extracontractual. No está nada claro  en el caso de
los jueces o árbitros deportivos.

Ante la duda, la ponente entiende que, cuando se haya de interponer una reclamación, 
deberían plantear las dos de forma alternativa, y que sean los tribunales quienes aprecien
  lo más oportuno aplicando el Derecho que decidan conveniente, una vez que se les planteen 
los hechos. Lo verdaderamente importante es acreditar los requisitos imprescindibles para 
que exista responsabilidad civil: que existan una conducta antijurídica, que se produzcan 
los daños y que se comprueben los nexos de causalidad.

En cuanto a los plazos para interponer la acción, en el caso de la responsabilidad civil
contractual es de 15 años, mientras que en el caso de la extracontractual, la acción prescribe
con el transcurso de un año desde que el agraviado conoció los hechos.

Finalizó su intervención con la exposición de casos reales vividos en el mundo de la  hípica,
en los que se genera indefensión a los deportistas participantes. No quiso  olvidarse de
plantear el tema de la imparcialidad de los árbitros, aspecto no tratado por  la doctrina. Por
ejemplo, en el salto de obstáculos, la puntuación se basa en datos  objetivos, pero existen
otras disciplinas deportivas en las que hay gran margen de  discrecionalidad por parte del
juez, entrando en juego la subjetividad. Entiende la  ponente que nunca deben existir dudas
sobre la imparcialidad de los jueces, puesto que la  discrecionalidad puede acabar
convirtiéndose en discrecionalidad. 

Recordó el ejemplo sucedido con la normativa de la Federación Catalana de Fútbol y la 
posterior decisión del Tribunal Catalán del Deporte, cuando los órganos disciplinarios
federativos ordenaron la repetición de un partido de fútbol al acreditarse intereses por parte
un árbitro con uno de los contendientes. La normativa tuvo que ser modificada porque  el
Tribunal consideró que no debía repetirse el partido, quedando abierta únicamente la
posible sanción disciplinaria al árbitro que juzgue un partido existiendo posibles  intereses
con alguno de los participantes.

Crónica Completa


Fuente: Iusport

 

         

 

 

 
 
 

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